dissabte, 31 de març de 2012

"Tendremos que apelar a la ciudadanía israelí" - Autor: Daniel Pipes

"Tendremos que apelar a la ciudadanía israelí"



Poner fin al "derecho de retorno" palestino a Israel


Autor: Daniel Pipes






Entre 1967 y 1993, apenas unos cientos de palestinos procedentes de Cisjordania o Gaza obtuvieron el derecho a residir en Israel casándose con árabes israelíes, que constituyen prácticamente la quinta parte de la población de Israel, y adquiriendo la ciudadanía israelí. A continuación los Acuerdos de Oslo ofrecieron una cláusula de reunificación familiar poco reseñada que convirtió este goteo en un torrente: 137.000 residentes de la Autoridad Palestina (AP) se mudaron a Israel entre 1994 y 2002, participando algunos de ellos en matrimonios de conveniencia o polígamos.


Israel tiene dos motivos de peso para temer esta inmigración sin control. En primer lugar, plantea un riesgo de seguridad. Yuval Diskin, responsable del servicio de seguridad Shin Bet, destacaba que de los 225 árabes israelíes que tomaron parte en atentados terroristas contra Israel en el año 2005, 25 de ellos, el 11%, había entrado en Israel de forma legal gracias a la cláusula de reunificación familiar. Llegaron a matar a 19 israelíes y a herir de gravedad a 83; el más famoso, el suicida Shadi Tubasi del restaurante Matza de Haifa del año 2002 reivindicado por Hamás, mató a 15.


En segundo lugar, hace las veces de “derecho de retorno” palestino encubierto, minando así la naturaleza judía de Israel. Esos 137.000 ciudadanos nuevos constituyen alrededor del 2% de la población israelí, que no es una cifra menor. Yuval Steinitz, hoy ministro de economía, discernía en el entusiasmo de la Autoridad Palestina por la reunificación familiar en el año 2003 “una estrategia deliberada” encaminada a elevar la cifra de palestinos dentro de Israel y minar su carácter judío.


Ahmed Qurei, destacado negociador palestino, confirmaba más tarde esta inquietud: “Si Israel sigue rechazando las propuestas referentes a las fronteras de un Estado palestino, tendremos que apelar a la ciudadanía israelí”.


En respuesta a estos dos peligros, el parlamento israelí tramitaba en julio de 2003 la “Ley de Regularización y Acceso a Israel”. La ley impide a los parientes de palestinos adquirir de forma automática el permiso de residencia o la ciudadanía israelí, con excepciones temporales y limitadas que exigen que el ministro del Interior certifique que “se identifican con Israel” o que son necesarios por alguna otra razón. Frente a las fuertes críticas, el entonces Primer Ministro Ariel Sharon anunció en el año 2005 que “El Estado de Israel tiene todo el derecho a mantener y proteger su carácter judío, incluso si eso se traduce en un impacto sobre su legislación ciudadana”.


Sólo 33 de las 3.000 solicitudes de excepción, según Sawsan Zaher, un fiscal que llevó a juicio la ley, han sido aprobadas. Israel no es en absoluto el único lugar que está adoptando requisitos más estrictos para acogerse a la reunificación familiar: Dinamarca, por ejemplo, lleva una década con ese tipo de leyes en vigor, excluyendo (entre otros) de entrar en el país a un marido israelí, con Holanda y Austria siguiendo la tendencia.


La pasada semana, el Tribunal Supremo de Israel, por 6 votos a 5, refrendaba esta legislación histórica, haciéndola permanente. Aunque reconociendo los derechos de una persona a contraer matrimonio, el tribunal negaba que esto implique por fuerza el derecho de residencia. Como escribía en su voto particular coincidente con la sentencia el presidente titular de la instancia Asher Dan Grunis: “Los derechos humanos no son una receta de suicidio nacional”.


Este patrón de inmigración palestina hacia los judíos se remonta prácticamente al año 1882, cuando los judíos europeos iniciaron su aliyah (“ascenso” en hebreo, significando inmigración a la tierra de Israel). En 1939, por ejemplo, Winston Churchill destacaba la forma en que la inmigración judía palestina había despertado una inmigración árabe comparable: “Lejos de ser perseguidos, los árabes se han agolpado dentro del país y se han multiplicado hasta que su población ha crecido”.


En resumen, no hay que ser judío para beneficiarse del elevado estándar de vida de los sionistas y de una sociedad respetuosa con la ley. Una estudiante de esta materia, Joan Peters, calcula que entre 1893 y 1948 se produjo una inmigración dual judía y árabe “de proporciones al menos equivalentes”.


No tiene nada de sorprendente: otros europeos modernos que se asentaron en áreas poco pobladas (piense en Australia o África) también crearon sociedades que atraían a las poblaciones indígenas.


Este patrón de aliyah palestino se ha prolongado desde el nacimiento de Israel. Antisionistas puede ser, pero los que emigran por motivos económicos, los disidentes políticos, los homosexuales, los confidentes o la gente corriente simplemente se juega bastante, prefiriendo al Estado liberal notablemente moderno de Oriente Próximo antes que los sumideros de Hamás o la Autoridad Palestina. Y observe los pocos árabes israelíes que se mudan a Cisjordania o Gaza con alguna mujer, aunque ningún obstáculo legal les impide hacerlo. El fallo del Tribunal Supremo tiene implicaciones trascendentales a largo plazo. Como escribe Eli Hazán en el Israel Hayom, “El tribunal falló de jure pero también de facto que el Estado de Israel es un Estado judío, y por tanto zanjó un debate que venía de años atrás”. El cierre del “derecho de retorno” por la puerta de atrás garantiza el futuro y la identidad sionista de Israel.

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